Historia Argentina - Una mirada sobre la situación de los medios en la dictadura de 1976-1982

“Periodismo y dictadura”

El presente trabajo pretende analizar el rol de los medios de difusión a partir de la muerte del General Perón y de la asunción de su esposa María Estela Martínez, hasta los primeros años de la dictadura militar comandada por Jorge Rafael Videla y siendo la cabeza de un gobierno de dos hombres más que recibió el nombre de Junta Militar, conformándola junto al general Ramón Agosti y el Almirante Eduardo Emilio Massera.
La hipótesis que se pretende demostrar es la siguiente: los medios de difusión, en especial la prensa gráfica, jugaron un rol de desestabilización del gobierno de Isabel Perón, pese a que éste mandato se caía por si solo y era más frágil y débil que una hoja. Mientras tanto, los medios hicieron fuerza por el golpe militar que venía a resolver todos los males de nuestra Nación. Y lograron su objetivo, toda la prensa estuvo de acuerdo con el golpe, en menor o mayor medida, pero el golpe militar no fue repudiado por el cuarto poder.
“Entre dos fuegos” es la figura que mejor sintetiza las vicisitudes por las cuales transitaba el periodismo argentino de la década del 70. Pues el cuarto poder estaba expuesto a recibir todo genero de provocaciones, por un lado, de las distintas agrupaciones armadas (de izquierda o derecha) que operaban en el país y, por el otro, las presiones del poder político. En esta coyuntura, el rasgo sobresaliente era la falta casi absoluta de garantías para el ejercicio de la profesión periodística. Atentados terroristas, clausuras por resolución administrativa, suspensiones por razones de higiene, secuestros de periodistas, distribución discrecional y arbitraria de los fondos públicos a través de la publicidad oficial, presiones sindicales sobre la línea editorial y muchos otros caminos han sido utilizados para acallar a periódicos de diferentes puntos de vista u orientación.
El luctuoso registro de la época lo encabezó David kraiselburd, director del diario platense El Día y de la agencia Noticias Argentinas, quien fue ultimado por un grupo armado que se llamaba Tacuara de izquierda, el 17 de Julio de 1974.
El diario La Opinión es uno de los casos más emblemáticos de la represión dado que sufrió inconvenientes de todo genero: intimidaciones anónimas y públicas, atentados contra sus instalaciones, detenciones, secuestros y asesinatos de algunos de sus periodistas (Jorge Money en 1975), rumores de cierre e, incluso, clausuras temporarias (en total fueron 10 cierres temporarios)
Además, el 21 de Diciembre de 1974, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el cierre del más popular de los diarios de la tarde, el diario Crónica dado que consideraba que el periódico violaba el articulo 22 de la Constitución Nacional, ya que incitaba a recuperar las Islas Malvinas por medio de la fuerza popular. Otros periódicos también, debieron cerrar en forma definitiva, entre ellos, el diario La Calle, un periódico que hacía lo imposible por hablar desde la izquierda moderada y circunspectamente.
Es evidente que la relación establecida entre la gestión María Estela Martínez de Perón y los medios no condecía con lo que se esperaba de un gobierno democrático.
Entre las medidas más polémicas adoptadas por el gobierno se contó la ley 20840, más conocida como “Ley de seguridad Nacional” o “Ley antisubversiva”, que imponía prisión de dos a seis años a quien realice actos de divulgación, propaganda o difusión tendientes al adoctrinamiento, proselitismo o instrucción que propendan a alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación.
Los desencuentros entre el gobierno y el periodismo constituían un círculo vicioso. Ante las demandas de la prensa, la respuesta era la coerción. En consecuencia, durante 1975 y los primeros meses de 1976 hubo un verdadero embate por parte de los distintos diarios contra el gobierno democrático. A todo esto, se suma una crisis económica provocada por la inflación constante, la gran desocupación, la denuncia sobre corrupción administrativa (en particular sobre el cheque de la Cruzada de la Solidaridad) y una crisis político-institucional.
La totalidad de las medidas financieras habían sido fustigadas por el conjunto de los periódicos y sobre todo, la decisión adoptada por la jefe de Estado, asesorada por López Rega, nombrando como titular de la cartera de economía a Celestino Rodrigo. Desde luego, la voz periodística que más critico el rumbo económico de toda la gestión fue Clarín, matutino fundado por Noble en 1945, de gran sesgo desarrollista.
Ante esta situación, los rumores de un inminente golpe de Estado corrían raudamente y los medios realizaron una perspicaz prédica contra la estabilidad institucional. El discurso periodístico fue construyendo y abonando el terreno para que la opinión pública, de alguna manera, estuviera consintiendo el golpe. Cualquier razonamiento periodístico sobre la violencia, la economía, la educación, la política, invariablemente culminaba aludiendo a la fatídica solución golpista.
Algunos diarios sostuvieron un discurso francamente golpista, como por ejemplo el diario La Opinión, que era el diario que más fogoneaba el golpe y era dirigido por Jacobo Timerman. Otros, en cambio, instrumentaron estrategias tendientes a objetar desde el silencio editorial. Pero todos coincidieron en no repudiar la ruptura del sistema constitucional.
El nuevo año (1976) lejos de traer vivificantes aires a la vida institucional renovaría la obstinada “misión” periodística de sobredimensionar el clima de inestabilidad. Para dar al problema de la guerrilla un sentido de urgencia, a los periodistas vinculados con el Estado Mayor y, sobre todo, con los servicios de inteligencia, se les encomendaba las tareas gemelas de diseminar el temor al caos y mejorar la imagen de los hacedores del golpe. Trabajaron para crear algunos de los mitos que no solo le preparaban el camino al golpe, sino también le daban al nuevo régimen las llaves para desmovilizar y luego destruir toda resistencia civil. Claro esta que los hombres de prensa encontraban colaboración en los distintos actores políticos, dada sus actitudes o declaraciones, coadyuvaban a enrarecer todavía más el ambiente. Ricardo Balbín, protagonista fundamental de la escena política, había efectuado urticantes manifestaciones públicas al alegar que nunca fue tan fácil como en este momento para las fuerzas Armadas tomar la casa de gobierno: “porque no hay nadie en ella”. No es de extrañar esta actitud del hombre radical dado que en reiteradas ocasiones dio su apoyo incondicional a los impresentables militares.
Lo cierto fue que el cuarto poder protagonizó una verdadera campaña contra la administración justicialista donde, naturalmente hubo medios más comprometidos que otros. Sin embargo, no es menos cierto que el gobierno, en particular, y todos los actores políticos gravitantes, en general, hicieron posible y en definitiva creíble un discurso periodístico univoco para comunicar a la sociedad.
Es interesante ver el grado de responsabilidad que tuvieron los medios en la construcción de un consenso golpista mediante inapelables testimonios. El periodista Hugo Gambini, refiriéndose al final del gobierno peronista, concluyó: “creo que el periodismo ayudo a derrocarlo”. Del mismo modo se puede constatar la connivencia periodística con intereses desestabilizadores en el reportaje concedido por Roberto Cox a un semanario político. Ante la pregunta “¿Ustedes estuvieron a favor de ese proceso?, el por entonces director de The Buenos Aires Herald respondió “por supuesto, el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido”. Otra evidencia más que suficiente de la complicidad periodística, en este caso, del diario La Opinión, la brindó: “un oficial de la marina de alta graduación, admitiendo que, una semana antes del golpe, él había aprobado las pruebas de página de un suplemento de circulación masiva que se preparaba sobre las causas del derrocamiento de Isabel Perón”.
El último ejemplo que voy a presentar hace referencia a un editorial del diario La prensa donde expresaba a dos meses de haberse producido el golpe: “no esta de más recordar que iniciado el proceso de organización tal vez se hubiera demorado, con grave daño para el país, si la prensa independiente no hubiera logrado hacerse oír en las críticas circunstancias imperantes hasta el 24 de Marzo.”

La hora del terror

Entonces, el 24 de Marzo de 1976 comenzó una dictadura que duró 2818 días. La mayoría de las desapariciones se produjeron entre el 76 y el 77, cuando Videla y Massera eran dueños de la vida y la muerte. Los medios celebraron el golpe, en mayor o menor medida.
Para que la sociedad civil no atinara a reaccionar era preciso que ignorara lo que estaba sucediendo. Entonces, las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional anunciaron como medida inmediata de política interna la modificación de las leyes y el control de los órganos de difusión para que sirvieran a los fines básicos establecidos.
Aquel 24 de Marzo de 1976, el bando número19 de la Junta anunció que se recluiría por diez años al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar a las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales.
Con esto puede verse que la intimidación contra la prensa comenzó antes de que se publicara la primera denuncia sobre secuestros, asesinatos y saqueos.
Además de la legislación general se dictaron decretos específicos para sacar de circulación a la prensa política: Nuevo Hombre, Nuestra Palabra, Tribuna Popular, La Yesca, Posición Nacional, Información, desaparecieron junto con las garantías constitucionales.
Sobre la gran prensa diaria y semanal bastó la recomendación amistosa acerca de temas desaconsejables y los enfoques inconvenientes. Y la gran mayoría de los medios gráficos aceptó en silencio estas pautas. Los casos más resonantes de apoyo incondicional al Proceso fueron Clarín, La Nación y La Razón. Éstos tres fueron beneficiados por el gobierno de facto, quien les otorgo la fábrica de papel de celulosa, “Papel Prensa” ubicada en la localidad de San Pedro luego, de que fuera expropiada a los herederos de David Graiver, dado por muerto en un sospechoso accidente de aviación ocurrido el 7 de agosto de 1976.
Sin embargo, hubo diarios como La Opinión, Buenos Aires Herald, o Crónica que desestimaron los reclamos oficiales y se encargaron de denunciar desapariciones. Ante esta situación, La Opinión en Abril de 1977, fue expropiada e intervenida y su director, Jacobo Timerman encarcelado pese a otorgarle un apoyo incondicional a la figura de Videla, incluso, luego de permanecer por más de dos años en prisión. Esto lleva a pensar que Timerman sufría un agudo caso de ezquizoperiodismo.
El director del Herald, Roberto Cox fue arrestado y procesado y al recuperar su libertad debió dejar el país. Cox fue detenido por haber reproducido en su diario una información publicada en Roma sobre una conferencia dictada allí por un opositor al gobierno. Y el diario Crónica fue clausurado temporalmente por informar la muerte de Roberto Santucho antes de que se difundiera el comunicado oficial.
Desde la radio Colonia, legalmente uruguaya pero con estudios de transmisión en Buenos Aires, la solitaria voz de Ariel Delgado transmitía a primera hora de cada mañana y al mediodía una visión distinta de lo que estaba sucediendo, modulaba matices sombríos para referir las consecuencias sociales de la política económica, trágicas al testimoniar los efectos del terror.
Otra de las voces disidentes fue la de Rodolfo Walsh que creó ANCLA, una agencia de noticias clandestina que distribuía los cables a las diferentes redacciones, a corresponsales, a publicaciones internacionales. Fueron uno de los instrumentos de denuncia contra la Junta. Diez meses después de su aparición, el jefe de inteligencia del ejército, general Carlos Alberto Martínez dijo que ANCLA, pertenecía a Montoneros.
El 25 de Marzo del 77 después de enviar por correo los primeros ejemplares de la carta a la Junta, Walsh cayó en una emboscada que le tendió el pelotón de la Escuela de Mecánica de la Armada. Walsh resistió el secuestro pero fue muerto por una lluvia de balas. Nadie reprodujo su carta, solo Buenos Aires Herald y Ariel Delgado informaron sobre su desaparición. ANCLA siguió funcionando hasta 1978, a cargo de los colaboradores de Walsh. Otras de las creaciones de Rodolfo Walsh fue “Cadena Informativa”, era un medio más artesanal que se entregaba a mano, con temáticas similares a ANCLA pero escrito solamente por Walsh.
En otra situación vergonzosa, en 1980, Adolfo Pérez Esquivel fue considerado premio Nóbel y la repercusión que tuvo en la prensa fue casi nula, solo Radio Colonia y la revista deportiva Goles le dieron la trascendencia que tenía este hecho, el resto de la prensa se encargó de desmerecer tal distinción. Claro esta, que este premio fue un duro golpe al gobierno militar que en 1977 había detenido a Pérez Esquivel como parte de un ataque contra el cristianismo opositor.
En enero y febrero de los años 80 se van a dar tensiones políticas agudas luego del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto de la situación de los derechos humanos en la Argentina y en Abril con motivo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En el capitulo VII A (Consideraciones Generales), punto 2 denuncia:
“…la acción represiva de diversos cuerpos militares o policiales, que allanaron diversas empresas periodísticas en distintas localidades del país, detenido y encarcelado a directores, redactores y reporteros en distintos medios de comunicación social; interviniendo militarmente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa y a los sindicatos de periodistas de distintas ciudades del país; clausurando o prohibiendo la circulación de determinadas revistas y periódicos; expulsando a corresponsales de agencias extranjeras de prensa y radio; haciendo incinerar numerosos libros y revistas”.
Previo a este informe, en 1978 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) constató que para los editores de diarios, la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión. La SIP describió a la prensa argentina como “un grupo de periodistas desesperados que escriben y editan en condiciones extremadamente difíciles” pero se sorprendió de que aceptaran “las reglas de la censura impuesta directa o indirectamente por el gobierno militar. Nuestra misión chocó a cada paso con la opinión directa o indirectamente por el gobierno militar”.
En otros de los párrafos del informe, la SIP decía, “no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arresto. Continuando con el informe, “muy pocas publicaciones están dispuestas a asumir el riesgo de cubrir la violencia que perméa la sociedad.”
Este informe fue presentado a la 34* Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Éste último día “La Nación” tituló en su crónica “Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP”, en la que informó que ADEPA había rechazado un premio de la SIP, ofrecido en forma colectiva “a periodistas argentinos que por defenderla libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: “A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha de los principios sostiene la SIP”. La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización.
Según Clarín los asistentes argentinos dijeron que la aceptación del premio “solo contribuía a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar el buen nombre del país”. Ese mismo año llegaban críticas que provenían desde el exterior y acusaban al gobierno de facto de autoritario, represor y genocida. El mundial de fútbol en Argentina donde nuestro país se coronó campeón, fue usado por la dictadura para mostrar, dentro del país, con la complicidad de los medios gráficos, un paternalismo orientador, y fuera una imagen de país unido y confiable, frente a las críticas que provenían desde el exterior y acusaban al gobierno de facto de autoritario. El éxito deportivo le sirvió a la Junta Militar para manipular a la sociedad a través del ocultamiento sistemático de la verdad histórica y, entre otras cosas, hacer creer que existía una campaña marxista antiargentina, perpetrada desde el exterior.
Para concluir voy a citar una frase de Luís Gregorich, escritor y periodista que estuvo a cargo del suplemento cultural del diario La Opinión julio de 1979, que define el clima de época. Gregorich dijo: “no pretendo convertir en héroes de la libertad de expresión a quienes optamos por seguir publicando y firmando nuestros artículos en el país. Lejos de ser héroes, publicamos todo lo que pudimos en medio de obvias concesiones, debilidades y contradicciones. Quizás se pudo haber hecho más; pero no es poco lo que se hizo.”